Allanan la casa de juez de garantías tras denuncia por coacción

El procedimiento fue requerido en el contexto de una denuncia por supuesta coacción que efectuó el fiscal del caso Andrés Azar en la sede del Ministerio Público Fiscal el pasado 3 de junio, al recibir en su teléfono un mensaje con un documento PDF con fotos y textos referidos a su vida privada y laboral. A través del contenido de este documento, se planteó además que supuestamente había cometido delitos, algunos de ellos en perjuicio de su hijo y su hija, ambos menores de edad, y se lo cuestionaba por su actuación en casos que llevó adelante como fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, entre otros aspectos. 

Con la asistencia de personal de la Policía Provincial, el allanamiento en la vivienda del juez de garantías fue realizado hoy por la mañana, con objetivo de secuestrar objetos informáticos (computadoras, pendrives, etc). El procedimiento contó con la autorización de la jueza de garantías Leticia Lorenzo. 

El Ministerio Público Fiscal requirió el allanamiento porque existen elementos recolectados durante la investigación iniciada tras la denuncia de Azar, que indican que el juez de garantías y las personas de su entorno familiar estarían vinculadas a la confección del documento PDF en contra del fiscal del caso, con la posible colaboración de personas de otras provincias. 

En el pedido de allanamiento, el fiscal del caso sostuvo que: “considero que lo denunciado por Andrés Guillermo Azar, en el marco de este legajo, constituye una clara acción intimidante hacia su persona. Del propio testimonio del denunciante, de los audios y demás información aportada, como así también de las entrevistas testimoniales realizadas telefónicamente surge un claro accionar coaccionante” por parte del juez de Garantías y su entorno. 

También planteó que “es el propio Azar quien manifiesta que todo esto le ha generado una clara intimidación y afectación a su libertad psíquica, y ello –claramente- se condice con la información colectada hasta el momento”.

Actualmente, el juez de garantías Diego Piedrabuena está acusado y es investigado por el delito de atentado a la autoridad agravado por ser funcionario público, en carácter de autor (artículos 237 y 238, inciso 3, del Código Penal). En el mismo caso, también está imputada una persona de su entorno familiar, L.N.G, por resistencia a la autoridad, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por ser contra un funcionario policial, en carácter de autora (artículos 239, 89, 92 en función del 80, inciso 8, del Código Penal). 

Ambos fueron imputados por un hecho ocurrido en un hipermercado de la ciudad de Neuquén el pasado 12 de diciembre de 2020. Tras realizar las compras y al llegar a la línea de cajas, un empleado del comercio les advirtió que debido al protocolo solamente podía estar una persona por grupo familiar en ese sector. Según la imputación fiscal, ante este planteo, L.N.G se corrió y Piedrabuena empezó a insultar al cajero.  A partir de allí, comenzó una escalada de insultos que terminó con el acusado dejando la línea de cajas sin llevarse los productos, y en un forcejeo con integrantes de la Policía provincial, ante la negativa del juez a identificarse, lo detuvieron en calidad de demorado. 

Además del caso penal, Piedrabuena deberá enfrentar un jurado de enjuiciamiento por supuesto mal desempeño en sus funciones. El proceso fue impulsado por presentaciones del fiscal general y del vocal y presidente subrogante del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén en el actual período, Evaldo Moya. 

Entre los hechos que se mencionaron para hacer el jury, figura una situación de discusión que Azar mantuvo con el juez de Garantías tiempo atrás.