Castillo busca salidas para frenar el descontento popular ante una nueva crisis en Perú

El Gobierno de Pedro Castillo enfrentó la mayor tensión en ocho meses, cuando una jornada que incluyó un toque de queda diurno terminó ayer con violentas protestas y actos vandálicos en el centro de la capital peruana, en medio de nuevos pedidos de la oposición para que deje el cargo y una semana después de que el mandatario superara un proceso de destitución en el Congreso.

Las consecuencias de la jornada son de momento difíciles de calcular para el mediano plazo, según coinciden los analistas, mientras el Gobierno busca medidas para enfrentar el aumento del costo de vida, que está en el trasfondo del malestar popular.

Una acción será exonerar del Impuesto General a las Ventas a los artículos de primera necesidad, según les dijo Castillo a los parlamentarios.

"Es un proyecto que va a tener efecto inmediato en el bolsillo de la gente", afirmó después la presidenta del Congreso, la opositora Maricarmen Alva.

Sin embargo, Alva se quejó de que Castillo y sus ministros llegaron a una reunión ayer con la Junta de Portavoces del Congreso sin ninguna otra iniciativa, sobre todo para sectores que viven difíciles momentos económicos, como la agricultura y el transporte.

La reunión entre los enfrentados Ejecutivo y Legislativo, que transcurrió sin que se divulgaran detalles, sirvió para que Castillo levantara el toque de queda con siete horas de anticipación, pero no impidió los choques en Lima, que dejaron varios heridos

La ola de movilizaciones había comenzado la semana pasada en distintos puntos del país, pero se trasladó a la capital después de que el lunes el presidente decretara la inmovilización social, que en la práctica representa un toque de queda, de las 02:00 a las 24:00 horas locales del martes, pero solo en Lima y la aleñada ciudad de Callao.

Hasta ese momento, los problemas se concentraban en departamentos como los costeños Ica y La Libertad y sobre todo en el andino Junín, en los que sectores liderados por agricultores y transportistas se levantaron contra los altos costos y bloquearon diferentes rutas .

En Junín, fortín del partido oficialista Perú Libre (PL), murieron cuatro personas, aunque no directamente por represión policial: dos fueron atropelladas por automóviles en los bloqueos, uno cayó de un puente en medio de los enfrentamientos y un enfermo que trataba de llegar al hospital de emergencia no pudo hacerlo y falleció en la calle.

En Ambo, departamento de Hánuco, un hombre de 18 años murió tras recibir ayer un disparo en medio de choques con la Policía.

En Lima, entre tanto, el lunes fue una jornada intensa por las falsas alarmas. En redes sociales se habló de saqueos que en realidad nunca ocurrieron, aunque sí causaron que las tiendas cerraran sus puertas por seguridad, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad, de nueve millones de habitantes.

Eso hizo que fuera mayor la sorpresa por el toque de queda, decretado además cuando gran parte de la ciudad dormía.

Según portavoces del Gobierno, informes de inteligencia, de los que no se han dado detalles y que el periodismo de investigación no ha podido rastrear, daban cuenta de que para el martes se estaban organizando desmanes.

El supuesto peligro fue confirmado por algunos portavoces de la oposición de derecha, como el parlamentario Jorge Montoya, principal impulsor de las iniciativas de destitución contra Castillo, quien sostuvo que había planes para tomar la ciudad desde los cerros periféricos.

Entre las diversas reacciones, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, exigió la renuncia de Castillo por "incapacidad"; la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, pidió que se convoque al Consejo de Estado para que las principales instituciones acuerden medidas para superar la situación, y el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó un habeas corpus por las restricciones a la ciudadanía.

El constitucionalista Pedro Grández descartó en ese marco que la medida sea motivo para otro intento de destitución del presidente, pues eso solo se habría dado si se impedía que el Congreso se reuniera.

El martes hubo concentraciones en distintos puntos de Lima para protestar por el toque de queda, aunque la concurrencia fue baja, con excepción del centro, donde se registró la mayor cantidad de manifestantes que se haya visto hasta ahora contra el Gobierno.

En medio de la tensión entre la Policía y los manifestantes, la mayoría vestidos con la camiseta de la selección peruana de fútbol, convertida casi en uniforme en manifestaciones antigubernamentales, algunas personas atacaron una sede judicial y una estación de autobuses, templos y otros edificios y saquearon locales comerciales.

Los participantes en la movilización negaban las afirmaciones de oficialistas de que eran instigados por los partidos de derecha Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, todos en permanente ofensiva contra el Gobierno de izquierda de Castillo.

"Creo que el decreto supremo (sobre inamovilidad) fue la gota que derramó el vaso. Ha sido un descontento total por haberse infringido un derecho tan fundamental como salir a trabajar", dijo Alva, quien sin embargo precisó que las protestas "deben ser pacíficas y sin dañar la propiedad".

El costo de vida se disparó en Perú, como en varios países, por el alza de los precios de los combustibles derivado del conflicto ruso-ucraniano. Para analistas, en el caso peruano el tema se agravó por prácticas especulativas y la lenta reacción del Gobierno.

Recién cuando la tensión social amenazaba con estallar, el Ejecutivo excluyó a los combustibles del Impuesto Selectivo al Consumo, lo que gradualmente hará que sus precios caigan cerca del 23%. Esta medida, sin embargo, trae el efecto colateral de que el fisco deja de recibir 100 millones de dólares mensuales.

Pero el conflicto se relaciona también con las permanentes tensiones entre Castillo y una oposición que ya ha tratado dos veces de destituirlo.

Los críticos del mandatario afirman que carece de reacciones rápidas, es poco preparado y está controlado por los líderes de PL, partido que se autodefine como marxista-leninista.

En los últimos días, numerosas voces se han sumado al clamor de "que se vayan todos". Aunque Castillo, según las encuestas, tiene fuerte resistencia popular, el apoyo a su destitución es limitado porque el Congreso es aún más resistido.

Lima y el resto del país amanecieron hoy en una tensa calma, mientras expertos se debatían entre si deben buscarse soluciones con los mismos actores o es necesario encarar un proceso en que se anticipen las elecciones generales previstas para 2026.