Acuerdan penas por defraudación al Centro de Veteranos de Malvinas

El fiscal jefe Pablo Vignaroli presentó un acuerdo pleno al que arribó junto con las defensas particulares de Gerardo Daniel David y Miguel Gustavo Vera, por el delito de defraudación mediante administración fraudulenta, en perjuicio de la Asociación Civil Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Argentina de Neuquén. 

El acuerdo fue presentado el viernes pasado en audiencia en la Ciudad Judicial. Prevé una pena para Gerardo Daniel David de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso; y para Miguel Gustavo Vera, de un año y seis meses de prisión de cumplimiento en suspenso. Ambos fueron declarados responsable penales por los delitos de defraudación por administración fraudulenta, en carácter coautores (artículos 173 inciso séptimo y 45 del Código Penal). 

Los dos imputados deberán también cumplir las siguientes reglas de conducta por el término de tres años: no podrán asistir a actos públicos o privados que organice la Asociación Civil Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Argentina de Neuquén; no podrán conformar una asociación o fundación análoga que utilice el nombre de veteranos de Malvinas o que los vincule con la gesta de Malvinas Argentinas; no podrán organizar a título personal o de terceras personas actividades vinculadas con el Centro de Veteranos de Malvinas o que los vincule con la gesta de Malvinas Argentinas; deberán abstenerse de presentarse en los medios de comunicación representando a la Asociación de Veteranos de Malvinas; abstenerse de recibir donaciones o aportes de cualquier tipo o especie en nombre de la Asociación o cualquier actividad que se vincule con la gesta de Malvinas; no podrán aceptar ningún cargo nacional, municipal o provincial en calidad de representantes del  Centro de Veteranos de Malvinas o que los vincule con la gesta de Malvinas Argentinas. 

En tanto otras dos mujeres que habían sido acusadas como partícipes necesarias cuando comenzó la investigación, la funcionaria nacional Carla Lorena Barabini Parodi (delegada de Desarrollo Social de Nación) y E.L.D, fueron sobreseídas por pedido del Ministerio Público Fiscal por considerar que no cometieron delito. Y la querella y la defensa particular de ambas brindaron conformidad ante este requerimiento. 

En el caso de H.E.V, otro de los acusados, las partes acordaron una suspensión de juicio a prueba por el plazo de dos años, a la que accedió por no tener antecedentes penales y dado que “se dan todas las circunstancias que la Ley prevé para poder conceder esta suspensión”, según indico el fiscal jefe. Durante ese plazo deberá cumplir las mismas reglas de conducta que Gerardo Daniel David y Miguel Gustavo Vera. También deberá llevar adelante, por el término que dure la suspensión, 24 horas mensuales de trabajo comunicatoria en la ciudad de Plottier. 

Las resoluciones del caso, en todos sus aspectos, fueron presentadas por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien estuvo acompañado por la funcionaria de la fiscalía Carolina Gutiérrez. También contó con el respaldo del abogado de la querella y de los abogados de los acusados. Todos los acuerdos fueron avalados por el juez de garantías que dirigió la audiencia.