La decisión obedece a dificultades en el cruce de información necesario entre organismos para la implementación de la medida destinada a lograr el superávit fiscal.
Madres del Dolor pidieron en Diputados que se penalicen a conductores que corren "picadas"
La iniciativa busca penalizar y los impulsores aseguran que con estas iniciativas se quiere "salvar vidas y evitar que otras personas estén" en el lugar de las madres que integran la organización.
Nacionales 17/08/2022La Asociación Civil Madres del Dolor, Noemí Contreras, madre de Tahiel Contreras, atropellado en una picada, y abogados pidieron en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados que se avance en un proyecto para modificar el Código Penal y penalizar la conducción imprudente de vehículos, en particular para imponer penas específicas en el caso de carreras ilegales conocidas como "picadas".
Al abrir la reunión, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, que preside María Luján Rey (PRO), señalo que “se ha trabajado muchísimo en la unificación de dos proyectos y en esta Comisión teníamos que saldar la deuda y cumplir con el objetivo de las familias que vienen promoviendo e impulsando esta ley”.
La representante del colectivo Madres del Dolor e integrante del Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados, Viviam Perrone expresó “con estos proyectos queremos salvar vidas y evitar que otras personas estén en nuestro lugar”
“Las muertes viales son una muerte por goteo. Todos los días mueren entre 15 y 20 personas, son todos hechos evitables y prevenibles, entre 15 y 20 familias que quedan destruidas en la Argentina”, agregó.
En ese sentido dijo que "estamos hablando de personas que piensan con anterioridad que van a correr una carrera ilegal, saben que es ilegal. Es toda una planificación y corren en la Panamericana, en los accesos y saben perfectamente que le pueden quitar la vida a alguien, sin embargo, no les importa el resultado de esa decisión que toman ellos”.
A su vez, Contreras señaló que “los responsables están detenidos, estamos esperando la fecha de juicio”, y recordó que "se van a cumplir dos años y vamos a hacer educación, concientización vial hacia los chicos transformando el dolor en aprendizaje”.
“Es importante que el Congreso se aboque a la fijación de penas para que los jueces no puedan escaparse por los vericuetos de la ley” dijo.
Subrayó que "no nos sirve a nosotros esta ley ya pero sí a los casos que siguen pasando, necesitamos que avance la ley y le va a servir a las víctimas para que no quede en la nada”.
En tanto, Natalio Nicodemo, abogado de las víctimas explicó por qué en la práctica serían importantes estas reformas ya que si se aumentan "las penas podría ser disuasivo en este tipo de delito. En Tribunales vamos a juicio oral y quizás el asesino se va con una pena en suspenso sabiendo que podía matar, que terminó matando, y muchas veces se va a la casa, esto es lo que pasa con las víctimas”.
“Estamos impulsando que se vote un capítulo especial en relación al delito vial, y es importante la proporcionalidad de penas que tiene el proyecto. Vemos un cambio de paradigma en cuanto a la víctima para que sea escuchada”, agregó.
Entre los proyectos que buscan penalizar las carreras ilegales se encuentra una iniciativa de la diputada del PRO María Luján Rey, que establece que "será reprimido con prisión de 9 meses a 4 años e inhabilitación especial para conducir por el triple del tiempo de la condena, el conductor que participare en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente".
A través del texto, se establece que "la misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare dicha conducta, y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo con motor de su propiedad o confiado a su custodia, con conocimiento que será utilizado para ese fin".
Asimismo, la iniciativa precisa que "si las conductas descritas fueran llevadas a cabo en una zona urbana, serán reprimidas con prisión de 2 a 5 años, e inhabilitación especial para conducir por el triple del tiempo de la condena".
En el caso de que resultaren víctimas fatales, la pena será de prisión de 8 a 25 años, e inhabilitación especial vitalicia para conducir cualquier tipo de automotor", según establece la iniciativa.
Cuando el insulto se vuelve moneda corriente se naturaliza y se corre el peligro de establecerlo como presupuesto del vínculo o lazo social: "es creer que si no insultamos no podemos iniciar una conversación", advirtió la coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Unsam.
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