Avanza la ley para capacitar en Derechos Humanos a trabajadores de la administración pública

La diputada Soledad Salaburu (FT) explicó que la iniciativa, que será girada a comisiones A y B para seguir con su debate antes de llegar al recinto, “sumó varios aportes de distintos bloques políticos así como también de parte de la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia respecto de la posibilidad de que la autoridad de aplicación pueda generar convenios para llevar adelante las capacitaciones”.

Desde el MPN, la diputada Ludmila Gaitán adelantó el acompañamiento de su bloque y agradeció que se hayan incorporado los aportes, tanto de su espacio político, como de la subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli.

El despacho fue aprobado con los votos de César Gass, Ludmila Gaitán, María Fernanda Villone, Javier Rivero, Soledad Salaburu, Karina Montecinos, Elizabeth Campos y Andrés Blanco.

En la reunión de hoy, la comisión G también emitió despacho por unanimidad del proyecto de resolución que solicita a la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, informe sobre los reclamos de suscriptores y adjudicatarios de planes de ahorro previo para la adquisición de automóviles.

Al informar su proyecto, Carlos Coggiola (PD) explicó que la iniciativa va de la mano de una resolución recientemente sancionada por la Cámara que requiere idéntica información a la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Nación. En ese sentido, señaló que “buscamos poder mensurar la cantidad de perjudicatarios que existen en la provincia, así como toda aquella información sobre las denuncias realizadas, las resoluciones tomadas y las multas aplicadas a las concesionarias que realizaron estas malas prácticas”. 

La iniciativa contó con el acompañamiento de César Gass, Ludmila Gaitán, María Fernanda Villone, Javier Rivero, Teresa Rioseco, Soledad Salaburu, Karina Montecinos, Elizabeth Campos y Andrés Blanco.

Por otro lado, el cuerpo resolvió pedir informe desde la presidencia de la comisión al Poder Ejecutivo provincial para que informe sobre el legajo administrativo de Pedro Darío Jofré y la situación del secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, mientras se tramitan las acciones penales por los hechos ocurridos en San Martín de los Andes. 

El presidente de la comisión, diputado César Gass (JC), explicó que se busca obtener esta información por parte del Ministerio de Desarrollo Social y ahondó en que “los datos requeridos tratan sobre si gozaba de licencia gremial con goce de haberes en el momento de los hechos y cuál era su situación administrativa”.

Desde el FT, Soledad Salaburu se opuso a la iniciativa en tanto Jofré fue separado tanto de su cargo en dicho ministerio como del sindicato ATE y la Justicia se encuentra juzgando el hecho. “No corresponde pedir un historial de un trabajador y estigmatizarlo no sólo a él sino también a todos los referentes sindicales que reclaman por los derechos de los trabajadores”, apuntó.

En igual sentido, Andrés Blanco (PTS-FIT) fundó su negativa en que “El Estado no puede interferir en las organizaciones sindicales. Estas cuestiones se resuelven dentro del sindicato, de forma democrática en un plenario o a través de los órganos internos que correspondan.”
Elizabeth Campos (PD) también rechazó el pedido de informe en tanto “ya se tomaron las medidas administrativas del caso y la Justicia está actuando”.

Formaron parte de la reunión de la comisión G las diputadas y diputados César Gass, Ludmila Gaitán, María Fernanda Villone, Javier Rivero (en reemplazo de Lorena Abdala), Teresa Rioseco, Soledad Salaburu, Karina Montecinos, Elizabeth Campos y Andrés Blanco.