Por pedido del fiscal del caso de Delitos Económicos, Juan Narvaez, un tribunal confirmó por mayoría que Ricardo Soiza y Marcos Ariel Osuna, dos de los tres imputados por supuestas estafas con planes sociales que permanecen en prisión preventiva, seguirán detenidos bajo esa medida cautelar. 

Las defensas de ambos acusados solicitaron hoy al tribunal pasar de esa modalidad de detención a un régimen domiciliario. Sin embargo, dos de los magistrados se inclinaron por el pedido que realizó el fiscal del caso y ratificaron la prisión preventiva que otra jueza de garantías dispuso el 10 de noviembre pasado. 

Lo que sí modificaron los jueces que confirmaron la medida cautelar fue el plazo: mientras que la fiscalía pidió ratificar los 6 meses que dispuso la jueza que impuso la detención, los jueces que integraron la mayoría la fijaron en 2 meses. 

El fiscal Narvaez reiteró que las medidas cautelares dispuestas en la causa tienen que ver con la necesidad de neutralizar el riesgo de que, en libertad, los imputados puedan realizar tareas de entorpecimiento de la investigación, como destrucción u ocultación de evidencias, o de influenciar a otras personas. 

El viernes próximo se abordará un pedido similar pero respecto del tercer detenido en el marco de esta causa, Néstor Pablo Sanz, quien también permanece con prisión preventiva. 

La investigación 

La investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal tiene que ver con supuestas maniobras desplegadas por un grupo de personas que, con distintas funciones y responsabilidades, realizó estafas a través de la gestión de un plan social destinado a cubrir necesidades surgidas por el desempleo en la provincia. Según la teoría fiscal, la operatoria para concretar las estafas comenzó con el reclutamiento de posibles beneficiarios para un plan asistencial creado en febrero de 2018; aunque finalmente, los y las beneficiarias no recibían el total del monto asignado. 

Soiza, Osuna y Sanz son tres exfuncionarios a los que la fiscalía investiga como “líderes” de la organización: Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. 

La fiscalía le atribuye ese mismo rol de jefes de la asociación a otros dos funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.

A los cinco se les atribuye el delito de asociación ilícita, en carácter de jefes, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real, en carácter de coautores (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15;  174, inciso 5; y 45 del Código Penal).

Hay otras 26 personas imputadas por integrar la asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9303 hechos en concurso real (artículos 210, primer párrafo; 163, inciso 15; y 174, inciso 5 del Código Penal).