Acusan a un compañero de trabajo por el crimen del chofer municipal

El fiscal jefe Gastón Liotard y la asistente letrada Mayra Febrer formularon cargos a A.A.P, a quien le imputaron haber prestado una colaboración determinante para que el 8 de febrero pasado, una persona que aún no fue identificada cometiera el homicidio de Mauricio Javier Charpentier.  Tanto el acusado como la víctima prestaban servicios para la Municipalidad de Plaza Huincul. 

Los representantes de la fiscalía le atribuyeron el delito de homicidio agravado por el medio empleado, en calidad de partícipe necesario  (artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal). 

Durante la audiencia realizada el viernes, la asistente letrada describió el contexto en el que se produjo el homicidio. Explicó que A.P.P se desempeñaba como chofer de un camión regador, propiedad de una familia que mantiene un conflicto “de larga data y de altísima violencia mutua” con la familia de la víctima. Como conductor de ese vehículo, precisó Febrer, el imputado prestaba servicios para la Municipalidad, al igual que la víctima: todas las mañanas, en la misma franja horaria, ambos se cruzaban en el cargadero municipal. 

Según la teoría de la fiscalía, el 8 de febrero de 2024, horas antes del momento del hecho, el imputado se encontraba estacionado en inmediaciones al cargadero municipal, en un sector conocido como “zona de ex talleres de YPF”. Entre las 6.45 y 6.55, el autor del homicidio –aún no identificado– “en una acción previamente concertada y con clara división de tareas con A.P.P”, advirtió que Charpentier  llegó al lugar manejando otro camión  y le efectuó al menos 13 disparos, logrando impactarlo con 7 de ellos.

La asistente letrada explicó que  luego del ataque, el imputado detuvo su camión y le permitió a quien realizó los disparos que subiera al vehículo, para escapar en dirección Oeste, “prestando así una colaboración necesaria en la materialización del hecho”. 

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Lisandro Borgonovo tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de investigación en 4 meses. Además, por pedido del fiscal jefe, le impuso prisión preventiva por el mismo plazo. Liotard argumentó la medida de coerción en que, en libertad, el imputado podría entorpecer la investigación.