Explosión en Aguada San Roque: Fiscal pidió que declaren la responsabilidad de los imputados

“No seamos fuertes con los débiles y débiles con los fuertes”. De ese modo, el fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard, le pidió al tribunal que intervino en el juicio por la muerte de tres personas debido a una explosión en una escuela, que declare la responsabilidad penal de los imputados. 

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el 29 de junio de 2021, el gasista matriculado Nicolás Francés junto a su sobrino Mariano Spinedi acudieron a la escuela-albergue N° 144, del paraje Aguada San Roque, donde realizaban tareas vinculadas con una obra en construcción. Alrededor de las 13.50, se dirigieron junto a la docente Mónica Jara hacia un ambiente destinado al albergue de niñas, donde en forma inmediata a sus ingresos, se produjo una deflagración y posterior incendio. Francés y Spinedi sufrieron quemaduras y fallecieron en forma inmediata; y en el caso de Jara, quien logró salir por una ventana, fue asistida y trasladada hacia la ciudad de Mendoza, donde falleció el 12 de julio de 2021. 

Desde que comenzó el juicio el 12 de agosto, Liotard y la fiscal Gabriela Macaya presentaron pruebas y testimonios para validar la teoría del caso: que dos integrantes de una empresa privada y cuatro funcionarios públicos que tuvieron participación en las distintas etapas administrativas y ejecutivas de la obra que se debía realizar en el lugar, en términos generales, incumplieron condiciones previstas en el pliego de licitación y no tuvieron el deber de cuidado que tenían por su función. En uno de los casos, la acusación incluye haber emitido certificaciones sobre una supuesta finalización de obra, cuando la escuela no estaba terminada. 

“No hay dudas tampoco de que se emitió una certificación del 100% cuando la obra no estaba terminada; que no se hizo la prueba de hermeticidad del gas, tampoco que no se pidió el corte del suministro a la empresa proveedora”, describió Liotard ante el tribunal, integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo. Además, precisó que “con una sola de esas circunstancias cumplidas, ninguno de nosotros estaría aquí sentado”. 

“Lo que queremos magnificar es que ya tenemos el rol que le cupo a cada uno, las pruebas que hemos marcado, sumado a lo que se les imputó: entendemos, en definitiva, que de un modo u otro, todos los imputados, infringiendo el deber de cuidado que les pesaba en la obra, omitieron desplegar las acciones para evitar que se elevara el riesgo permitido. Unos como funcionarios y otros por el rol fáctico en la empresa, estaban obligados a supervisar”, afirmó Liotard. 

Los delitos atribuidos a cada uno de los imputados son: 

H.E.V

Estrago culposo agravado, en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. 

D.B

Estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. 

Sergio Percat

Estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real concurso real con falsificación ideológica de documento público. 

Raúl Capdevilla

Estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. 

Carlos Córdoba

Estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. 

Roberto Deza

Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. 

La audiencia de este lunes comenzó con el alegato del fiscal jefe y continuará con los de las querellas privadas. El turno final es el de las defensas, que de acuerdo con el cronograma del juicio, comenzaron ayer y terminarán hoy. A partir de ese momento, el tribunal se expedirá dentro del plazo legal. 

Previo al juicio fueron sobreseídos Fabio Antonio Luna, exdirector general de la Modalidad Rural del Consejo Provincial de Educación, y Patricia Delia Cressatti, directora provincial de Nivel Primario del mismo organismo. En ambos casos se les había imputado el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Otro imputado, E.H.A, obtuvo una suspensión de juicio a prueba y, en caso de cumplir las condiciones que se le impusieron, será sobreseído.