Neuquén reclamó nuevamente ante la secretaria de Energía de la Nación

Solicitó el cobro en especie de la totalidad de las regalías hidroeléctricas, la desregulación y obras en Portezuelo Grande, para mitigar los efectos ante crecidas máximas.

Producción10/11/2024
Rubén Etcheverry

La Provincia del Neuquén reiteró dos reclamos al gobierno nacional por temas vinculadas a las regalías hidroeléctricas y obras postergadas que debía realizar el gobierno nacional en el complejo hidroeléctrico Cerros Colorados. La presentación fue realizada el ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, ante la nueva titular de la secretaría de Energía de la Nación, María Tettamanti.

En una de las misivas se solicitó derogar la resolución que establece un tope en el porcentaje de las regalías en especie que pueden cobrar las provincias de las hidroeléctricas. En otra se reforzó el pedido de las obras de regulación del Río Neuquén que Nación debía ejecutar -y aún no lo ha hecho-, según el fallo de la Corte Suprema de 2009.

“Le estamos pidiendo al gobierno nacional que nos permita cobrar las regalías en especie que nos corresponden por las hidroeléctricas y que desregulen el cobro” aseguró el ministro, y agregó “además les solicitamos las obras necesarias para garantizar la seguridad de la presa Portezuelo Grande, que es una obra que debe hacer el estado nacional y que nos avala un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ya tiene 15 años, es necesaria la construcción de embalses adicionales”.

Notas

En una de las notas se recordó las conversaciones previas mantenidas con el ex secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirilo y se solicitó la urgente derogación del art. 15 y concordantes (ccs.) de la Resolución N° 20-E/17 de la secretaría de Energía de la Nación, y de los arts. 1, 3 y ccs. de la Resolución RESOL-2019-17-APN-SRRYME#MHA de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico y demás normativa modificatoria y/o complementaria (las “Resoluciones”).

“Los límites y descuentos que de ellos derivan y se imponen, se encuentran en manifiesta contraposición a las disposiciones y espíritu de normas de superior jerarquía que reconocen el derecho de la Provincia”, indica el escrito.

En la otra misiva del reclamo provincial se recordó que en “relación a la situación actual que presenta el Complejo Cerros Colorados ante la ocurrencia de crecidas excepcionales del río Neuquén, se solicita la urgente intervención del Gobierno Nacional para ejecutar las obras necesarias que garanticen la seguridad de la vida, el ambiente y los bienes de los habitantes ubicados agua abajo”.

La nota hace referencia a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de 2009 donde obliga al Estado Nacional a realizar las obras necesarias para garantizar la seguridad de la presa “Portezuelo Grande”, integrante del Complejo Cerros Colorados, emplazada sobre el río Neuquén, ampliando su capacidad para que resista una crecida máxima probable (pico instantáneo) de 14.520 m3/seg (…)”

También hace mención a que “nuevos estudios hidrológicos llevados a cabo por personal especializado de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), en especial, luego de las crecidas excepcionales de julio del año 2006 y mayo del año 2008, han llegado a valores aún más elevados, del orden de 25.000 m3/s para la crecida máxima probable, valor este que sobrepasa significativamente la premisa tomada en consideración por el Tribunal al emitir su sentencia”.

En una muestra de preocupación por parte del gobierno de la provincia, la nota cita que “de no concretarse la ejecución de las obras necesarias aguas arriba de Portezuelo Grande que permitan regular caudales superiores a los 11.500 m3/s, las consecuencias ante la ocurrencia de crecidas que superen este valor sobre la población de la cuenca aguas abajo será catastrófica, con pérdidas de vidas humanas y severos daños a la infraestructura energética (gas y petróleo de Vaca Muerta, hidráulicas), vial y de servicios, afectando no solo a la región sino a todo el país”.

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En caso contrario, pedirá su rescisión. La provincia busca dar un cierre definitivo a este conflicto, como parte de una política que tiene como finalidad poner orden en el Estado y realizar una distribución eficiente de los recursos.