Comenzó la última etapa del juicio por la explosión de Aguada San Roque

Con diversos testimonios, comenzó la última etapa del juicio por la explosión en la escuela-albergue 144 de Aguada San Roque, en la que fallecieron tres personas y por la que, el 4 de septiembre pasado, se declaró responsables a tres funcionarios y a dos empresarios. Durante cinco jornadas, el fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard, junto a la fiscal del caso Gabriela Macaya, producirán la prueba para fundamentar la pena que solicitarán respecto de cada una de las personas condenadas.

La fiscalía presentará seis testimonios. Uno de los objetivos es demostrar la extensión del daño causado por el accionar de las personas que fueron condenadas y, así, determinar la pena que deberán cumplir. Las partes querellantes y las defensas realizarán sus respectivas presentaciones, por lo que se estima que la audiencia se extenderá durante toda la semana.

 Las víctimas

 El 29 de junio de 2021, el gasista matriculado Nicolás Francés junto a su sobrino Mariano Spinedi acudieron a la escuela-albergue 144, del paraje Aguada San Roque, donde realizaban tareas vinculadas con una obra en construcción. Prestaban servicios de manera irregular para la empresa que había ganado la licitación, Arte Construcciones S.R.L. Cerca de las 13.50 se dirigieron junto a la docente Mónica Jara hacia un ambiente destinado al albergue de niñas, donde en forma inmediata a sus ingresos, se produjo una deflagración y posterior incendio. Francés y Spinedi sufrieron quemaduras y fallecieron en forma inmediata; y en el caso de Jara, quien logró salir por una ventana, fue asistida y trasladada hacia la ciudad de Mendoza, donde falleció el 12 de julio de 2021. En el juicio se comprobó un accionar negligente del gasista, pero tal como lo aseguró el tribunal durante la lectura del veredicto, “esa responsabilidad de ninguna manera excluye las de control que estaban en cabeza de los acusados”.

 Los condenados

 En el juicio de responsabilidad, el fiscal jefe Liotard y la fiscal del caso Macaya, junto a las querellas particulares en representación de las víctimas, demostraron la responsabilidad penal de Carlos Córdoba, Raúl Capdevilla y Sergio Percat, quienes durante los trabajos que se realizaron en la escuela  se desempeñaban como funcionarios de Obras Públicas y tuvieron un vínculo directo con su ejecución. También probaron la responsabilidad de  Héctor Villanueva y de Diego Bulgheroni, imputados como integrantes de la empresa adjudicataria de la obra.

 Todos, los funcionarios y los integrantes de la empresa constructora, fueron declarados responsables de estrago culposo agravado por el resultado muerte, en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En el caso de Percat, además se lo condenó en concurso ideal con el delito de falsificación ideológica de documento público: fue él quien certificó la finalización de la obra sin siquiera haber ido al paraje donde se estaba llevando adelante.  

 El tribunal, integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Lisandro Borgonovo e Ignacio Pombo, consideró probado que todos los condenados, que tenían una tarea específica en la obra de ampliación en la escuela, contribuyeron, por acción u omisión, a elevar el riesgo tolerable en la obra. También que todos sabían que no estaba terminada y que, sin embargo, avanzaron en certificaciones de finalización cuando restaba concluir, entre otras tareas, las correspondientes a la red de gas.

 Los mismos jueces serán los encargados de, a partir de los planteos que en la última jornada de audiencias realicen las partes, fijar las penas que deberán cumplir los condenados.