Impulsan una comisión autónoma e independiente de revisión de decisiones judiciales

El presidente de la Asociación Padres de Río Negro y Neuquén, Fabián Lorenzo Cruciani, presentó un proyecto para crear una comisión revisora de resoluciones judiciales. Tendrá autonomía y como tal funcionará con independencia de los tres Poderes del Estado y con recursos propios que se le asignarán en el presupuesto provincial anual. 

La comisión estará conformada por siete profesionales en materia de derechos humanos, derecho procesal, psicología forense y jurídica, trabajo social y otras disciplinas afines, así como también por representantes de asociaciones civiles abocadas a la defensa del interés superior de las infancias. El cargo durará cinco años y la designación la realizará un jurado compuesto por representantes de organismos de Derechos Humanos, universidades y organizaciones de la sociedad civil.  

Según explica Cruciani en la fundamentación, la medida apunta a “promover la mejora del servicio de justicia” en tanto constituirá un “control externo independiente” para garantizar una “evaluación objetiva” de los actos de quienes imparten justicia en la provincia.

La comisión Provincial de Revisión, Auditorías e Informes en la Justicia del Neuquén -COPRAIJUSNEU- funcionará como un órgano autónomo e independiente con facultades de control, revisión y auditorías de resoluciones de cualquier fuero y en todas las instancias del Poder Judicial. Sus recomendaciones no serán vinculantes pero deberán ser consideradas instancias de revisiones informales al interior del sistema judicial. Las irregularidades de gravedad detectadas se remitirán al Consejo de la Magistratura, a la Procuración General, al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal de Ética Profesional correspondiente.

El órgano tendrá facultades para analizar y recomendar modificaciones o revisiones de resoluciones judiciales, dictámenes fiscales y de las defensorías, así como también de gabinetes interdisciplinarios de la provincia cuando existan elementos que indiquen “falta de imparcialidad, errores groseros, sesgos ideológicos o vulneraciones evidentes a derechos fundamentales”. 

Todo ciudadano o ciudadana que se vea afectada por una resolución judicial podrá hacer la presentación de revisión de la medida ante la comisión, sin necesidad de patrocinio letrado. El órgano evaluará la admisibilidad de la petición, pudiendo rechazar aquellas manifiestamente improcedentes o carentes de fundamentos mínimos. 

Entre las facultades del órgano figuran la revisión de las resoluciones en cuestión, la convocatoria a funcionarios judiciales con intervención en las mismas, la recopilación de informes complementarios de especialistas independientes, recomendar modificaciones a las medidas y elevar informes a organismos competentes cuando se detecten conductas irregulares.