Buscan implementar un régimen de financiamiento privado para actividades deportivas

La diputada Carina Riccomini (Juntos) presentó un proyecto para habilitar un régimen de patrocinio de privados a actividades deportivas. A tal fin, la medida prevé incentivos fiscales para los contribuyentes que se constituyan como patrocinadores de alguna práctica, proyecto o bien de algún deportista que contempla la propuesta.

La medida apunta a fortalecer la participación del sector privado en el financiamiento de actividades vinculadas a la actividad física, generando nuevas oportunidades para jóvenes deportistas, instituciones, profesionales y proyectos de inclusión y contención social vinculados al ámbito del deporte. 

Se trata de la creación de un régimen especial de patrocinio y tutoría en el deporte que habilita a privados a aportar dinero para el desarrollo de las actividades o del profesional del deporte. La financiación podrá ser parcial o total.

Quienes se constituyan como patrocinadores o tutores tendrán una reducción de hasta el 25% en el impuesto sobre los ingresos brutos, dentro del período fiscal en el que tenga lugar el patrocino en cuestión. 

Podrán ser beneficiarios de las tutorías instituciones sin fines de lucro, clubes, asociaciones, fundaciones; deportistas profesionales o amateurs; profesionales de la educación física, entrenadores y directores técnicos con título habilitante, así como también aquellas personas que realizan proyectos deportivos de inclusión y contención social. La actividad patrocinada no podrá durar menos de un año.

Para solicitar un patrocinio o tutoría, los interesados deberán estar inscriptos en el Registro Único de Deportes y Actividad Física (Rudaf) y cumplir una serie de requisitos. Para el caso de instituciones, deberán elaborar un informe detallado sobre la actividad a patrocinar, su impacto y el presupuesto correspondiente. En tanto, los deportistas deberán presentar además un cronograma de competencias y entrenamiento.

Finalmente, la iniciativa crea el registro de patrocinadores y tutores en la materia, así como también mecanismos de control y fiscalización para garantizar la transparencia en la asignación y utilización de los fondos aportados, asegurando que se destinen exclusivamente a los proyectos aprobados. La autoridad de aplicación recaerá sobre la Secretaría de Deporte, Cultura y Gestión Ciudadana, organismo encargado de evaluar los proyectos, supervisar su implementación y certificar las contribuciones realizadas.

En los fundamentos, la legisladora asegura que la articulación entre el sector público y privado permitirá no solo ampliar el acceso a recursos para la práctica deportiva, sino también consolidar el deporte como una herramienta clave para la inclusión y la contención social. Con el régimen sugerido, la juventud contará con mayores posibilidades de desarrollo y profesionalización en diversas disciplinas deportivas, promoviendo valores fundamentales como el trabajo en equipo, la disciplina y el esfuerzo, añade Riccomini.