Tribunal ratificó la detención domiciliaria de acusado por amenazas

La decisión fue tomada el viernes de forma unánime durante una audiencia, e implica que el imputado, S.I.R, permanecerá detenido con prisión domiciliaria y con autorización para tener salidas laborales de lunes a viernes de 8 a 14, según lo resolvió un juez de garantías el pasado 29 de abril. El magistrado también le fijó prohibición de acercamiento y contacto del acusado a la víctima y su madre y a otros testigos. 

Durante la audiencia de ayer, el fiscal del caso Víctor Salgado y la asistente letrada Romina Travieso pidieron que se revoque la decisión del juez de garantías Eduardo Egea, por considerar que fue contradictoria y absurda. 

El fiscal del caso planteó que al rechazar el pedido de prisión preventiva e imponer la prisión domiciliaria, el domicilio de cumplimiento de la medida no fue constatado, y que no se fijó ningún tipo de control sobre el cumplimiento de la misma: "Estamos a voluntad del acusado; deberíamos tener algún tipo de contralor", puntualizó Salgado. 

Asimismo, remarcó que el magistrado autorizó salidas laborales a S.I.R y le fijó prohibiciones de acercamiento y de contacto, pero le indicó que en caso de cruzarse a la víctima en un cajero o en un supermercado, era él quien debía retirarse del lugar. Sobre este escenario, requirió al tribunal de revisión que imponga la prisión preventiva por un plazo de un mes, por existir riesgo de entorpecimiento de la investigación y para la integridad de la víctima. 

El caso 

El caso bajo investigación fue cometido el pasado 28 de abril entre las 21.30 y 22, en la calle Olascoaga de Buta Ranquil. El imputado fue hacia la casa de la víctima, un joven mayor de edad que es parte de su entorno familiar, y en el exterior de la vivienda comenzó a discutir con la madre de él: “Sacalo a tu hijo o entro a matarlo”, le dijo. 

Luego, el joven salió y comenzó a correr por la calle al advertir que tenía un cuchillo en la mano, de aproximadamente 20 centímetros de largo. El acusado lo siguió, mientras le gritaba que lo iba a matar, situación que advirtieron vecinos y vecinas del barrio. Al lugar llegó un móvil policial y los efectivos intervinieron y detuvieron al imputado. 

"La prisión preventiva es la única forma de mitigar los riesgos procesales que tenemos”, fue el planteo de ambos representantes del MPF al hacer la acusación. Además, mencionaron que el imputado cuenta con antecedentes penales por el delito de homicidio simple, y que en julio del año pasado cumplió la codena de 8 años que le impusieron. 

El delito que le atribuyó el MPF fue amenazas calificadas por el uso de arma, en carácter de autor. 

El juez de garantías Maximiliano Bagnat fue quien anunció la resolución de ayer del tribunal revisor, que integraron también el juez Lisandro Borgonovo y la jueza Leticia Lorenzo. Sostuvo que los argumentos de la fiscalía no fueron suficientes para dejar sin efecto la prisión domiciliaria, y que la resolución del magistrado que la impuso no fue arbitraria, entre otros argumentos. 

Bagnat también señaló que el tribunal revisor resolvió imponerle las costas del proceso al MPF.