Formularon cargos a un varón por estafa en la construcción de una vivienda

El fiscal del caso Juan Narváez, formuló cargos este miércoles a J.N.F.V, por haber defraudado económicamente a una persona con la construcción de una vivienda familiar en la ciudad de Neuquén. 

Según la teoría del caso expuesta por el representante de la fiscalía de Delitos Económicos, la maniobra se inició a mediados de 2020. Fue cuando la víctima, que buscaba una empresa constructora para edificar su casa, tomó contacto con el imputado a través de medios digitales de una empresa de construcciones ubicada en Plottier. 

J.N.F.V. se presentó como propietario de la constructora y, ostentando experiencia en el rubro, generó la confianza necesaria con el denunciante. Esto llevó a que el 18 de agosto de 2020 ambos firmaran un contrato. Dicho documento fue acordado por un monto total de $13.249.115, para la construcción de una vivienda de 428 metros cuadrados con un plazo de entrega de entre 6 y 8 meses. 

Al día siguiente, la víctima realizó un primer pago en efectivo por $5.147.190, equivalente al 35% del valor del contrato, más un adicional de $595.000 para la realización de la platea, tras lo cual se dio comienzo a la obra. 

El representante del Ministerio Público Fiscal detalló que el 22 de diciembre de 2020, el damnificado realizó un segundo pago por $1.125.000, correspondiente al 9% del contrato. Sin embargo, el 25 de enero de 2022, el imputado solicitó una actualización del valor del contrato por el 56% restante, a pesar del escaso avance en la construcción. A partir de allí, se produjo una falta de respuestas a los reclamos por los retrasos en la obra. 

Ante la falta de avance y la incertidumbre, la víctima solicitó un informe de obra a una arquitecta, que determinó que el avance era del 28% contra el 44% que ya había abonado. Por este motivo se negó a realizar nuevos pagos. 

La obra se frenó en marzo de 2021 y quedó abandonada, causando un perjuicio económico de $1.935.780, equivalente al 16% del total contratado abonado. Luego, a través de redes sociales, el damnificado se enteró que el imputado tenía denuncias por otros casos similares y realizó la denuncia penal. 

El delito que el fiscal del caso le atribuyó a J.N.F.V., por el hecho detallado anteriormente, fue estafa en carácter de autor (artículos 172 y 45 del Código Penal). 

Durante la audiencia, el funcionario de la fiscalía de Delitos Económicos requirió que se le imponga al imputado la inhibición general de bienes por el plazo de 10 meses. Para ello, argumentó que es necesario cautelar el riesgo de insolvencia y fomentar una posible reparación económica a la víctima. 

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Cristian Piana, avaló la formulación de cargos y la medida cautelar requerida por Narváez y fijó el plazo para concluir la investigación en cuatro meses.