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El Consejo de Procuradores y Fiscales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, respaldaron el proyecto de Ley que presentó el fiscal general José Gerez para prolongar el plazo de la prisión preventiva en forma excepcional por la pandemia de COVID-19.
Regionales28/05/2020A través de una nota remitida el vicegobernador de la provincia, Marcos Koopmann, desde los Consejos plantearon que “hemos seguido de cerca el debate en torno al mencionado proyecto, el cual cuenta con el apoyo de las instituciones que representamos”.
Asimismo, puntualizaron que la iniciativa que presentó Gerez ante la Legislatura “se ajusta a la ley, a la Constitución Nacional y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, respetando las garantías y derechos allí consagrados”.
La nota fue remitida por Eduardo Quattropani y Eduardo Gullé, presidentes de ambos Consejos que agrupan a los procuradores y fiscales de todas las provincias de la Argentina y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Se busca la sanción de una medida de carácter estrictamente excepcional, debido a la emergencia sanitaria, cuya aplicación dependerá de la valoración que en el caso particular hagan los jueces, previa solicitud del fiscal justificando su necesidad y con la debida intervención de la defensa”, señalaron en la nota. “El exiguo plazo de duración de la prisión preventiva que legisla la manda procesal de Neuquén, no puede derivar, a partir de esta situación excepcionalísima de pandemia, en libertad – impunidad de aquellos sobre quienes pesan acusaciones por delitos graves”.
Además señalaron que “claramente esta problemática no alcanza al resto de las jurisdicciones provinciales, habida cuenta que comparten el plazo general de dos años de duración de la prisión preventiva - en algunos casos prorrogables por otro año más-, que es también el temperamento mantenido por las convenciones internacionales”.
También indicaron que “en la presente situación, existe una clara tensión entre el interés del particular sometido a proceso y el interés que asiste a la sociedad toda en lograr la realización de un juicio justo, pero cautelando al sospechado de la posibilidad de que evada la realización de aquel, borre los rastros, o amenace testigos”. Y explicaron que “nadie puede invocar un beneficio de esta índole aprovechando una situación de emergencia, que por su naturaleza, resulta imprevisible”.
Sobre la situación en otras provincias, señalaron que “en casi todas las provincias argentinas se han dictado resoluciones por parte de los tribunales superiores, suspendiendo plazos en todos los fueros. Estas decisiones promovidas en emergencia, aun sin el debido origen legislativo, sirvieron para paliar la excepcional situación planteada. En el caso puntual que nos ocupa, la imposibilidad generalizada de realizar juicios penales debido al contexto creado por la pandemia, tiene incidencia en las prisiones preventivas que están próximas a vencer. El mero fenecimiento del plazo, no neutraliza los riegos procesales que motivaron su establecimiento. Este diagnóstico impone la necesidad extraordinaria de la extensión razonable de su plazo hasta la concesión del juicio”.
Gerez presentó el pasado 14 de mayo el proyecto de Ley. Consta de un artículo que plantea “extender por 1 (un) año los plazos legales de duración máxima de la prisión preventiva, establecidos en los artículos 119 y 224, inciso 1), del Código Procesal Penal de la Provincia del Neuquén (L
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