El Gobierno porteño denunció a 366 padres y pide resarcimiento por más de $50 millones por las tomas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunció penalmente a 366 "adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado" en tomas de escuelas secundarias por diversos reclamos, en tanto ya están en curso 21 denuncias civiles por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por más de 50 millones de pesos, mientras que referentes políticos y estudiantes repudiaron la medida.

Según precisó hoy el Ministerio de Educación porteño en un comunicado, "cuando comenzaron las tomas en las escuelas, la Ciudad decidió denunciar penalmente a los adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado de las mismas".

La cartera educativa también envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico que "cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas".

Como consecuencia de este informe ya están "en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85", detalló el Ministerio.

"Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad", señaló la titular de la cartera educativa local, Soledad Acuña.

Al respecto, Acuña señaló al canal de noticias TN que realizaron la denuncia "en el fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires por la responsabilidad de los alumnos que realizaron la toma", a la que calificó como "una intrusión en la institución", ya que "hubo perjuicios en la realización de obras y en el desarrollo de actividad docente".

Si bien la ministra manifestó que "en términos generales las escuelas no tuvieron situación de vandalismo" e incluso que "había chicos que hicieron actividades de reparación de las aulas", sostuvo que también realizaron una denuncia en el fuero civil "por los daños y el costo que provocó al Estado el hecho de que la escuela estuviera cerrada por las obras de infraestructura y las horas de docentes".

"Nosotros buscamos educar en democracia y marcar que las acciones tienen consecuencia", apuntó y agregó que "hay un camino y derecho a la protesta, pero nunca cerrar un colegio puede ser una forma de protesta".

La funcionaria concluyó que "cuando se produce una toma, si las familias deciden no retirar a los chicos, son tan responsables como los chicos".

Fuentes del Ministerio Público de la Defensa (MPD) informaron a Télam que no están representando" a las 366 personas, solo a aquellas que se acercaron. Se está respondiendo a las cartas documento negando todas las acusaciones" realizadas por el Gobierno a cargo de Horacio Rodríguez Larreta "tanto a los menores como a los adultos".

La titular del MPD, Marcela Millán, había considerado "confusa" la acusación impulsada por el Gobierno porteño y advertido que "aunque esta no es la primera vez que hay tomas en escuelas porteñas, no hay antecedentes de una respuesta tan hostil de parte de las autoridades; no tiene sentido que se haya hablado de denuncias penales cuando no hay ninguna posibilidad de darles un encuadramiento penal a las tomas".

Respecto de las multas, había apuntado que más adelante realizarían "una evaluación desde el punto de vista jurídico para ver si tienen algún asidero", pero opinó que "hoy solo son una táctica de amedrentamiento a las familias".

Por su parte, la legisladora porteña del Frente de Todos (Ftd) e integrante de la Comisión de Educación Laura Velasco se refirió a la denuncia y se preguntó "¿qué pasa cuando se pierden horas por falta de docentes, por ratas en las escuelas como en la 26 de Boedo y el Normal 5 de Barracas; o porque se robaron todas las notebooks de los estudiantes como en el Normal 1 y la Escuela 8 del distrito escolar 10?".

El diputado del Frente de Izquierda Gabriel Solano, en declaraciones a Télam, repudió "fuertemente la decisión de Acuña" y sostuvo que "va a contramano de lo que tiene que hacer un ministro de Educación que es recibir a los alumnos y atender sus reclamos".

A su vez, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman escribió en Twitter: "¡Qué vergüenza! Persecución total", al tiempo que llamó a "organizar un gran repudio contra Larreta. Las familias no pueden ser víctimas de su campaña electoral".

Una alumna de la Escuela de Enseñanza Artística (ESEA) Rogelio Yrurtia manifestó por escrito a Télam que si bien "no hubo denuncias a las familias" en ese colegio, muchos chicos no fueron a las tomas porque dijeron tener miedo y sentirse "muy perseguidos".

"Entre centros (de estudiantes) obviamente hubo muchísimo apoyo y nos compartíamos constantemente la información y nos intentamos ayudar en lo mayor posible", recalcó.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reiteraron a esta agencia que "las cartas documento a madres y padres exigiendo un pago por daños y perjuicios" enviadas por el Gobierno porteño son "un nuevo intento de generar temor en la comunidad educativa".

El mes pasado, el CELS había comunicado que "no hay que dar lugar a esta estrategia", y que "hay que contestar la carta rechazando cada uno de sus términos".

El organismo también había precisado que "ninguna persona puede ser acusada de una contravención si es menor de 18 años y no existe el trasvasamiento de responsabilidades por generación", al ser "algo inviable en términos jurídicos ya que las madres o los padres no pueden hacerse cargo por actos de sus hijos menores".

El 13 de septiembre pasado, el Ministerio de Educación porteño oficializó la extensión de clases en las escuelas que fueron tomadas, a través del envío a las familias de los estudiantes de una notificación con la cantidad de días en las que implementará la medida adoptada para "recuperar" las jornadas "perdidas".

En cada nota, en tanto, figuraba la cantidad de días por lo que se alargará el ciclo lectivo actual, cifra que responde a las jornadas en las cuales se mantuvo la protesta de los estudiantes de 11 escuelas porteñas que, a fines de septiembre, decidieron tomar los establecimientos en reclamo de mejoras en la infraestructura escolar, en las viandas y en contra de las prácticas laborales en empresas, según indicaron.

Durante las tomas en los colegios porteños, los estudiantes y las familias recibieron el respaldo de organismos de derechos humanos encabezados por Abuelas de Plaza de Mayo que repudiaron lo que consideraron "estrategias de criminalización" ejercidas por el Gobierno porteño.