Unesco advierte por mayor riesgo de desigualdad educativa por falta de regulación en sector privado

El 20% de los estudiantes de primaria y secundaria en América Latina y el Caribe está matriculado en escuelas privadas, ya que muchos de los sistemas educativos de la región "no consiguen evitar la segregación y desigualdad" de la matricula lo que, sumado a una falta de regulación eficaz "socava la calidad y amplía la brecha entre ricos y pobres".

El Informe de seguimiento de la educación en el mundo (Informe GEM) de la Unesco trazó este panorama respecto a la incidencia de los actores no estatales en los sistemas educativos en la región, que pone en riesgo el compromiso de lograr los 12 años de escolaridad obligatoria.

El documento, difundido por Unesco, afirma que son "trescientos cincuenta millones de niños, niñas y jóvenes que se educan actualmente en escuelas no estatales en todo el mundo" y que en la región "uno de cada cinco estudiantes (20%) de primaria y secundaria en América Latina y el Caribe está matriculado en escuelas privadas".

Además afirma que muchos sistemas educativos "no consiguen evitar la estratificación y la segregación" y advierte que la falta de una regulación eficaz de la educación privada "expone a la región a un mayor riesgo de desigualdad y segregación", lo que va en contra de "una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos y todas"

También señala que muchos países "carecen de reglamentación adecuada para la enseñanza privada o carecen de la capacidad de hacerla cumplir, lo que socava la calidad y amplía la brecha educativa entre ricos y pobres".

Un informe, al comparar la reglamentación de 211 sistemas de educación en el mundo, revela que "solo 17 de los 42 países analizados en América Latina y el Caribe prohíben explícitamente el lucro en las escuelas primarias y secundarias".

"Esto va en dirección contraria a la visión de garantizar 12 años de educación gratuita para todo el alumnado, lo cual es promovido por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4)", indica el reporte.

Menciona además que menos de la mitad de los países de la región tiene reglamentación sobre los procedimientos de admisión en las escuelas no estatales y solo el 8% de los países implementa acciones afirmativas para mejorar el acceso a las escuelas de los estudiantes desfavorecidos.

El informe afirma que los hogares de los países de ingresos bajos y medios-bajos dedican "una cantidad desproporcionada de sus ingresos a la educación de sus hijos e hijas"

En este aspecto, detalla que en el mundo "los hogares de países de ingresos medios y bajos asumen el 39% del gasto en educación, frente al 16% en los países de ingresos altos".

Cerca de dos tercios de los países no regulaba al costo del cuidado de la niñez ni las cuotas en la educación primaria y secundaria.

Además, destaca que la educación pública en los países de ingresos bajos "conlleva considerables costos ocultos" y detalla que los uniformes y los materiales escolares "representan casi dos quintas partes del gasto educativo de los hogares".

El informe encuentra que el 8% de las familias de los países de ingresos bajos y medios "se endeuda para pagar la escolarización de sus hijos".

"El impacto del Covid-19 "ha puesto aún más presión en los presupuestos familiares, haciendo que las cuotas escolares y otros gastos sean inasequibles para muchos”, explica Manos Antoninis, director del informe de seguimiento de la educación en el mundo.

“La educación es una responsabilidad de toda la sociedad. La equidad, la inclusión y la calidad de la educación solo es posible cuando la política educativa incorpora a todos los actores, sean estatales o no estatales", destacó Claudia Uribe Salazar, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago).

Ante este panorama Unesco instó a los países a revisar la reglamentación para poder cumplir el compromiso de "volver gratuitos un año de preescolar y 12 años de primaria y secundaria para todos los niños, niñas y jóvenes".

También "establecer estándares de calidad que se apliquen a todas las instituciones educativas estatales y no estatales, ya que los sistemas paralelos con diferentes expectativas, materiales y condiciones de trabajo abren brechas de equidad entre los distintos subsistemas".