Presentan desde el oficialismo un proyecto para la protección de los consumidores

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, participó este jueves en el Salón Azul del Senado de la presentación del proyecto de ley para la creación de un “Código de Protección de las y los Consumidores de y Usuarios de la Nación”, una iniciativa de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti que prevé un conjunto de soluciones efectivas para resolver problemas en las relaciones de consumo actuales.

Sobre el proyecto de ley, Fernández Sagasti destacó la importancia de esta ley y la necesidad de su sanción para proteger el derecho de millones de consumidores de todo el país.

En este marco, Tombolini valoró la presentación de este nuevo código como herramienta que le da al sector público la capacidad de penalizar a quienes lastiman los derechos de los usuarios y los consumidores.

Por su parte, el diputado provincial mendocino José Luis Ramón, que presentó el Código en la Cámara Baja del Congreso en 2021, apuntó a que la presentación y la puesta en debate de este proyecto representa un hito importante para que los usuarios y consumidores cuenten con una herramienta que permita el ejercicio del derecho con la protección del orden público.

Entre otros puntos, el proyecto de ley busca estimular las acciones individuales y colectivas, así como los mecanismos de participación ciudadana en la defensa de derechos. También impulsa el consumo sustentable y pone en debate la obsolescencia artificial programada, junto con la verdadera durabilidad de los productos.

Además, se ocupa de regular diferentes formas y tipos de publicidad comercial engañosas y situaciones contractuales abusivas, así como también busca prevenir el sobreendeudamiento personal y familiar en los casos de abuso financiero.

Por otro lado, propicia el acceso real e igualitario a los servicios públicos esenciales y promueve la participación de las y los consumidores en la elaboración e implementación de políticas públicas.

Esta iniciativa tiene un alcance federal, ya que invita a las provincias a ampliar este tipo de mecanismos tomando el Código como un piso mínimo de derechos.