Juzgarán a un hombre por caso de estafa con la venta de una camioneta

Por pedido asistente letrado de la fiscalía de Delitos Económicos, Juan Narváez, un varón será juzgado por el delito de estafa, tras cobrar la mitad de una camioneta en 2021 y nunca haberla entregado. Así se resolvió ayer, luego de que en al menos dos oportunidades previas se frustrara la posibilidad de una salida alternativa a través de una reparación económica. 

A partir del daño que el proceso generó en la víctima, que en los últimos dos años aceptó sucesivos planteos de la defensa del acusado para evitar el juicio a cambio de una reparación que finalmente no se concretó, Narváez anticipó que buscará una pena superior a los 3 años de prisión. A partir de esa pretensión, solicitó que el juicio esté a cargo de un tribunal colegiado y no de uno unipersonal, que es el que juzga los casos con penas más leves. 

Los hechos ocurrieron el día 4 de Marzo del año 2021, cuando a través de una publicación en redes sociales, la víctima se contactó con el acusado para comprar una camioneta Toyota Hilux año 2012, ofrecida por un valor de $1.400.000. Tras un breve intercambio comenzaron a comunicarse vía Whatsapp, donde el imputado, L.M.J, se hizo pasar como personal del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, L.M.J envió fotos y videos de la camioneta para generar confianza y acordaron que el pago se produciría por mitades: la primera, mediante transferencia, y la segunda, en efectivo y en dólares al momento de realizar la transferencia en la ciudad de Bahía Blanca, donde estaba radicada la camioneta. 

Fue así que la víctima, oriunda de Bariloche, efectuó una serie de transferencias bancarias hasta totalizar $638.000 y el 29 de marzo, tras acordar con L.M.J, viajó hacia la ciudad de Bahía Blanca, donde se encontrarían en la terminal para terminar la operación. Esa fue la última oportunidad en que hablaron, ya que una vez en la ciudad bonaerense, la víctima no pudo volver a contactar al imputado, quien en realidad vive en Neuquén  (por esa razón el proceso se desarrolla en la provincia). 

Narváez, quien intervino en la audiencia junto al funcionario Marcelo Zárate y a la asistente letrada Tania Cid, calificó el hecho como estafa, en calidad de autor (artículos 172 y 45 del Código Penal).

Frente a la intención de la fiscalía de avanzar hacia el juicio, la defensa pidió al juez suspender el proceso a prueba y pagar el monto original de $638.000, sin las actualizaciones acordadas en los dos intentos previos por resolver el conflicto mediante una salida alternativa. 

El representante de la fiscalía se opuso al planteo de la defensa, ya que el resarcimiento, a más de dos años de ocurrido el hecho, no compensa el daño generado. 

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías rechazó todos los pedidos de la defensa y, tal como lo requirió el asistente letrado, decretó la apertura del caso a etapa de juicio, con la intervención de un tribunal colegiado.