Confirman que acusado por fraude al Estado seguirá con prisión preventiva

Un tribunal de dos jueces y una jueza confirmó por unanimidad que un exfuncionario, acusado en el marco de la investigación por estafas con planes sociales y que cumplió 70 años el lunes, continuará detenido en prisión preventiva. 

Se trata de Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia, a quien la fiscalía le imputa ser uno de los jefes de una asociación ilícita que utilizó herramientas propias de la cobertura social para defraudar al Estado. Es una de las personas a quienes, como jefes o partícipes, la fiscalía les imputa el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal). 

Como en este caso alcanzó los 70 años, el viernes pasado su defensor solicitó que fuera liberado, por aplicación del artículo 115, inciso tercero, del Código Procesal Penal, que establece las condiciones en las que puede no proceder la prisión preventiva. 

Ante el pedido, el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez argumentaron que el caso debía ser analizado en su contexto particular, y que debido a que se mantenían los riesgos procesales de que el imputado entorpeciera la investigación, Soiza no podía ser liberado. Coincidió con ellos la jueza de garantías Estefanía Sauli y rechazó el pedido de la defensa porque, justamente, el artículo 115 “no se aplica de manera automática en el caso en que se me solicita”. 

Durante la audiencia de hoy, Narvaez y Vignaroli, junto al representante de la fiscalía de Estado Gustavo Kohon, pidieron al tribunal que confirmara la resolución de la jueza de garantías y, de ese modo, mantuviera la medida de coerción. Los jueces Marco Lupica Cristo y Raúl Aufranc, junto a la jueza Natalia Pelosso, interpretaron al igual que la fiscalía y que la jueza Sauli que en el caso concreto, los riesgos procesales continúan vigentes y que el artículo 115 del Código Procesal Penal no es de aplicación automática. Por esa razón confirmaron la medida cautelar y rechazaron el pedido del defensor, por lo que el imputado continuará detenido en prisión preventiva. 

En el marco de las medidas cautelares impuestas a instancias de la fiscalía para evitar que las personas imputadas entorpezcan la investigación, también continúa en prisión preventiva Marcos Daniel Osuna, quien al momento de los hechos era el responsable de Gestión de Programas del Ministerio de Desarrollo Social. 

En el grupo de exfuncionarios imputados incluye además al ex director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, Néstor Pablo Sanz, quien cumple prisión domiciliaria. 

Respecto de los acusados Abel Di Luca –exministro- y Tomás Siengentharler - excoordinador de Administración de Desarrollo Social- y en el resto de los y las imputadas, las medidas cautelares que rigen tienen que ver con embargos y restricciones económicas. 

El 25 de julio pasado, la investigación se prorrogó por dos meses y, según se anticipó durante la audiencia, el paso siguiente será la presentación del requerimiento de apertura a juicio.