Formulan cargos a dos varones que, utilizando un vehículo, ropa y herramientas de una empresa petrolera para la que trabajaban, se presentaron en el recinto de locación del pozo Puesto Molina 132, de la empresa YPF y sustrajeron cables de cobre e inutilizaron un transformador.
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La fiscal del caso Rocío Rivero formuló cargos a dos varones que, utilizando un vehículo, ropa y herramientas de una empresa petrolera para la que trabajaban, se presentaron en el recinto de locación del pozo Puesto Molina 132, de la empresa YPF y sustrajeron cables de cobre e inutilizaron un transformador.
La querella particular en representación de YPF adhirió a la acusación y comprometió la entrega de información y evidencias que, en el marco de la investigación, son fundamentales para la fiscalía.
La formulación de cargos ocurrió durante una audiencia realizada ayer en la localidad de Rincón de los Sauces, dirigida por el juez de garantías Juan Pablo Encina.
Rivero precisó que los hechos fueron cometidos el 12 de marzo de 2022, entre las 11:54 y las 12:02, J.A.P y A.E.M, valiéndose de su puesto de trabajo y sus elementos, a bordo de un camioneta propiedad de la empresa para la que trabajaban y con ropa de operarios, se dirigieron al recinto de la locación del pozo “Puesto Molina 132” de YPF. “Dañaron en el tablero, cortando con elemento de corte tipo alicate los cables que lo vinculaban con el transformador, sustrajeron los terminales de cobre y se retiraron a bordo del vehículo de la empresa”, añadió la fiscal, quien encuadró los hechos en el delito de robo en despoblado, en calidad de coautores (artículos 167, inciso 1; y 45 del Código Penal).
Finalmente, Rivero explicó que los hechos fueron grabados por YPF, dado que a raíz de hechos previos, había instalado cámaras de seguridad en la locación. Como restan medidas de prueba por producir, la fiscal pidió al magistrado que fije el tiempo de la investigación en 4 meses.
Tras descartar una calificación de menor gravedad por parte de la defensa de los acusados, el juez tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo para investigar en los 4 meses solicitados.
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