La Ley Yolanda establece la formación integral en medio ambiente para las personas que se desempeñen en la función pública.
Regionales24/03/2021
La comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) adhirió por unanimidad al despacho de la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (H) por el cual se adhiere a la Ley nacional 27.592 -Ley Yolanda- que establece un Programa de Formación para Agentes de Cambio en Desarrollo Sostenible, y habilitó su tratamiento en la comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B).
La diputada María Fernanda Villone (MPN) explicó que al proyecto de Ley 14.019 presentado por el bloque del MPN se le incorporaron los del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio para presentar una propuesta conjunta de adhesión a la Ley Yolanda “en la que también se invita a los municipios de la provincia a adherir e impartir estas capacitaciones en materia ambiental”.
Villone también dijo que si bien la ley nacional no lo prevé, en este proyecto se propone a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente como autoridad de aplicación que tendrá entre sus funciones la de diseñar los planes de capacitación, garantizar y articular la participación de instituciones científicas especializadas en la materia y organizaciones de la sociedad civil “para planificar acciones coordinadas que incluyan a los distintos sectores como la mesa GIRSU y otros programas que ya se están aplicando en la materia”.
Finalmente Villone bregó porque se incluya esta temática en la planificación de todas las políticas públicas de ahora en adelante.
La iniciativa recibió los votos de las diputadas y diputados Caparroz, du Plessis, Gaitán, Fernández Novoa, Martinez, Bertoldi Rosales (en reemplazo de Peralta), Gass, Montecinos, Coggiola, Peressini y Gallia.
La comisión ‘A’ también emitió despacho por unanimidad del Proyecto de Ley 14.154 iniciado por diputados de los bloques MPN, Frente de Todos y Juntos, por el cual se modifica el artículo 1° de la Ley 3.239 con el objeto de suspender los procesos judiciales, cualquiera sea la causa de la obligación que ordenen o hayan ordenado la subasta de bienes muebles o inmuebles de prestadores médicos asistenciales públicos o privados, de internación o de diagnóstico y tratamiento, incluyendo a geriátricos y centros de rehabilitación.
El presidente de la comisión ‘A’ explicó que la iniciativa surgió ante la incertidumbre por la situación de pandemia y la posibilidad de enfrentar una segunda ola de contagios en la que “necesitamos que todas las clínicas y centros de salud públicos o privados sigan trabajando y aportando a la organización del sistema de salud no sólo con la disponibilidad de camas sino también con sus profesionales de salud”.
Desde el bloque Partido Demócrata Cristiano, Carlos Coggiola propuso establecer una fecha de vigencia al artículo que se busca modificar en la ley “para dar razonabilidad y previsión” a la norma y propuso establecer el 31 de marzo de 2022.
La iniciativa que originalmente planteaba que la suspensión de los procesos judiciales sería hasta que la Organización Mundial de la Salud declare el fin de la pandemia por COVID-19 recibió los votos favorables de Caparroz, du Plessis, Gaitán, Fernández Novoa, Martinez, Bertoldi Rosales (en reemplazo de Peralta), Gass, Montecinos, Coggiola, Peressini y Gallia.
Finalmente, la comisión también emitió despacho por unanimidad del proyecto de comunicación 14.144 al que se sumó el 14.080 para solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que dé tratamiento al proyecto de ley referido a la incorporación de los artículos 239 bis y ter en el Código Penal para tipificar como delitos las violaciones a las órdenes de protección cautelares de restricción domiciliaria y de no acercamiento a un lugar o persona.
Maximiliano Caparroz explicó que los dos proyecto que se unificaron recibieron, además, los aportes de la diputada Ludmila Gaitán (MPN) y Carlos Coggiola (PDC).
Formaron parte de la reunión de la comisión ‘A’ las diputadas María Laura du Plessis, Ludmila Gaitán, Soledad Martinez, Karina Montecinos, Maximiliano Caparroz, Sergio Fernández Novoa,
Gonzalo Bertoldi Rosales (en reemplazo de Darío Peralta), César Gass, Carlos Coggiola, Andrés Peressini y Fernando Gallia.
“Tenemos que eliminar esos gastos que no tienen nada que ver con la función del Estado y poner la inversión donde verdaderamente se necesita”, aseguró hoy el gobernador. Fue durante la apertura del Primer Encuentro Binacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en Incendios Forestales y de Interfase.
El ministro de Seguridad, Matías Nicolini representará a la provincia en la jornada, que contará con la participación de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
La funcionaria informó que Pablo Ruiz fue apartado del cargo que llevaba adelante como coordinador de la institución legislativa, ya que esto es “indispensable para garantizar” la transparencia de la investigación tras la causa por movimientos financieros sospechosos.
El recorte de gastos innecesarios y el ordenamiento de las cuentas públicas permitieron al Gobierno provincial realizar una fuerte inversión.
Está en proceso para adquirir un equipo de última generación. Particularmente lo usarán para estudiar la formulación de alimentos balanceados para peces ya que la acuicultura es una actividad importante y con gran proyección en Neuquén y es fundamental mantener el estatus sanitario de los sitios donde se desarrolla.
Se ejecutará una primera etapa de 140 metros cuadrados, con una inversión de 143 millones de pesos. El gobernador Rolando Figueroa destacó que el nuevo parador “va complementado con el desarrollo de la gastronomía y de distintos servicios que se van a ofrecer en la localidad”.
Será el próximo martes. El plan aborda los principales desafíos del sector industrial, con el objetivo de fomentar su desarrollo y atraer las inversiones necesarias.
El recorte de gastos innecesarios y el ordenamiento de las cuentas públicas permitieron al Gobierno provincial realizar una fuerte inversión.
Cae la ley aprobada en el Congreso por un período de 5 años. El gobierno informó que no pedirá renovarla.
