
Tras un cuarto intermedio de 48 horas, el juez de garantías Juan Pablo Encina rechazó dos acuerdos para imponer condenas en la causa que investiga estafas con planes sociales.
Tras un cuarto intermedio de 48 horas, el juez de garantías Juan Pablo Encina rechazó dos acuerdos para imponer condenas en la causa que investiga estafas con planes sociales.
Uno de los imputados como jefes de una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con planes sociales, volverá a prisión domiciliaria. La decisión del tribunal fue por unanimidad, a partir de un planteo de la defensa del acusado.
Luego del plazo legal de 48 horas, la jueza Carina Álvarez homologó cinco de los ocho acuerdos que impulsó la unidad fiscal de Delitos Económicos para imponer las primeras condenas por las estafas con planes sociales.
El fiscal del caso de Delitos Económicos, Juan Narvaez, y el fiscal jefe Pablo Vignaroli solicitaron que 8 de las personas acusadas por integrar una asociación ilícita destinada a cometer estafas mediante el cobro indebido de planes de desempleo sean declaradas responsables.
Confirmaron por unanimidad que Ricardo Soiza, acusado en el marco de la investigación por estafas con planes sociales y que cumplió 70 años el lunes, continuará detenido en prisión preventiva.
Uno de los imputados en la investigación por estafas con planes sociales, el ex director general del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Ricardo Soiza, continuará en prisión preventiva.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli, acompañado por el equipo de la unidad fiscal de Delitos Económicos, solicitó a la jueza de garantías Estefanía Sauli que disponga una prórroga para concluir la investigación por una serie de estafas en la administración y el cobro de planes sociales otorgados por el Ejecutivo provincial.
Tres de los acusados por integrar una asociación ilícita que, a través de la administración de planes sociales de la provincia, tenía como objetivo quedarse fondos públicos, quedaron detenidos en prisión preventiva por un plazo de 4 meses.
Se incineraron las primeras evidencias autorizadas desde que la provincia asumió el control del combate del microtráfico con enfoque local. “Esta droga no vuelve más a estar circulando y deja de ser un peligro”, destacó el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.
Así lo aseguró el gobernador Rolando Figueroa. Remarcó la importancia de que “el poder tributario originario que tienen las provincias, vuelva a las provincias”.
Todos los acusados deberán asistir a la próxima audiencia.