Irán a juicio acusados por privación ilegítima de libertad

Por pedido de la fiscal del caso Laura Pizzipaulo, un hombre, A.V, y una mujer, M.C.V, serán juzgados ante un tribunal colegiado, acusados de mantener de rehén a un defensor oficial el pasado 5 de marzo en la ciudad de Zapala. 

En la audiencia de control de acusación realizada hoy mediante videoconferencia, la representante del Ministerio Público Fiscal acusó a ambos imputados por el delito de privación ilegítima de la libertad en grado de autores (Artículos 142 bis primer párrafo y 45 del Código Penal). 

A partir de la escala penal prevista para la calificación legal, entre 3 y 15 años, Pizzipaulo requirió que en el juicio intervenga un tribunal colegiado. 

La teoría del caso de la fiscalía es que el 5 de marzo de 2021, alrededor de las 8.50 de la mañana, un hombre, A.V, y a una mujer, M.C.V, ingresaron a la sede de la defensoría oficial de la ciudad de Zapala. Allí retuvieron ilegítimamente al defensor público Pablo Méndez, durante once horas y diez minutos, con el objetivo de obligarlo a hacer una petición ante el Ministerio Público Fiscal para que se efectuara una nueva cámara gesell en un caso en el que A.V fue declarado penalmente responsable. Para esto, A.V usó un machete, una navaja, un palo y una cadena; intimidó al defensor público y lo ató a una silla. Finalmente, los acusados obligaron al defensor a redactar un petitorio con diversos puntos. 

El hecho concluyó luego de que se firmara un acta con doce puntos entre A.V y el fiscal general José Gerez junto con el defensor general Raúl Caferra. 

Durante la audiencia de hoy, la fiscalía presentó las pruebas, informes y testimonios que llevarán al juicio, además de la documentación y los secuestros que tiene el caso. Entre los testigos presentados, se prevé que la víctima declare en el juicio, como así también lo hagan los testigos que se encontraban en el momento del hecho. 

La jueza de garantías encargada de dirigir la audiencia tuvo por válida la acusación en los términos presentados por la fiscalía y elevó el caso a juicio. Además, la magistrada dio intervención a un tribunal colegiado. 

En los próximos días, la oficina judicial deberá fijar la fecha para la realización del juicio, en donde se determinará la responsabilidad penal de los imputados en los hechos que se les atribuyen.