Formulan cargos a una mujer por estafas con medio de pago electrónico

El asistente letrado Juan Narváez, junto al funcionario de la fiscalía de Delitos Económicos Marcelo Zárate, formularon cargos hoy a una mujer por cometer estafas en dos comercios por aproximadamente 30 mil pesos. 

Narváez se encargó de presentar la teoría del caso ante la jueza de garantías durante la audiencia Detalló que en los dos hechos que le atribuyó, la mujer actuó junto a una cómplice, actualmente prófuga. 

El asistente letrado detalló que la primera estafa ocurrió el 21 de julio, cuando cerca de las 20, la acusada, A.Y.S, y la otra mujer, ingresaron a una panadería y realizaron compras por $9.930. Al momento de pagar, pidieron a la vendedora hacerlo mediante el uso de una plataforma de pagos electrónica. Fue en ese instante que la imputada manipuló una imagen, incluyó el monto de la compra y simuló haber realizado la transferencia. La vendedora, al observar un indicador en color verde, aprobó la operación y las dos mujeres se retiraron del comercio. 

El segundo hecho ocurrió días después, el 29 de julio, alrededor de las 18:30, cuando las dos mujeres ingresaron a un cotillón y reiteraron la maniobra. Recorrieron el local y durante ese tiempo editaron una imagen, consignando el valor de la compra –en este caso por $20.610- la mostraron a la vendedora y se retiraron. 

El equipo de la fiscalía de Delitos Económicos calificó la maniobra en el delito de estafa, dos hechos en concurso real, y acusó a A.Y.S como coautora (artículos 172 y 45 y 55 del Código Penal). 

Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de 4 meses. 

Medida cautelar 

Narváez remarcó que el fiscal del caso Marcelo Silva había librado la orden de detención respecto de la imputada el 17 de agosto y que la mujer no fue hallada durante un allanamiento en el que sí estuvieron presentes integrantes de su círculo cercano. Explicó que A.Y.S fue detenida recién ayer, cuando se presentó por otro tema en una comisaría de San Martín de los Andes y efectivos de esa dependencia se percataron de la orden dictada por el fiscal. 

Por esas razones consideró que hay un peligro cierto de fuga y, para neutralizarlo, solicitó que durante 8 meses, la acusada deba realizar presentaciones semanales y que fije un domicilio. Sin embargo, ante un planteo de la defensa, la jueza rechazó imponer la medida cautelar.