La Comisión de Emergencia Agraria elevará el pedido de declaración de Emergencia o desastre agrario por heladas

La Comisión Provincial de Emergencia Agraria se reunió hoy con el fin de analizar las consecuencias de las heladas tardías del 31 de octubre y 1 noviembre pasados, en las actividades productivas de la provincia del Neuquén. El ministerio de Producción e Industria, como autoridad de aplicación de la ley de Emergencia, presentó un informe detallado en base a las declaraciones juradas de productores/as afectados/as y las verificaciones de los equipos técnicos.

El ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi, encabezó la Comisión de Emergencia Agraria, convocada por ese organismo como autoridad de aplicación y expresó que “esta es una instancia enmarcada en la Ley 3117, que es la Ley de Emergencia Agraria de la provincia de Neuquén, que estipula en su articulado la conformación de esta Comisión para definir las pautas previas a iniciar un proceso de declaración de la emergencia, en la cual define el trabajo interinstitucional o con empresas y actores privados”.

Agregó que no sólo se trabajará con fondos de la provincia sino que se realizan gestiones para acceder a recursos en base “a lo anunciado por el ministro Massa en Mendoza, y otros fondos sobre los que vamos a accionar”, agregó.

Explicó que “se trabajó en base a declaraciones juradas presentadas por establecimientos afectados por las últimas heladas”.

La subsecretaria de Producción, Amalia Sapag, presentó los resultados preliminares del relevamiento realizado, que resultó en “el 80% de las hectáreas informadas y verificadas, se encuentran en emergencia o desastre agrario, según los criterios de la ley 3117”. “El daño fue relevante en frutales de pepita, carozo, vid, cultivos hortícolas, frutos secos y fruta fina”, detalló.

Recordó que cuando se trata de un daño entre el 50 y 79,9% se habla de una “Emergencia Agraria” y cuando el daño es mayor al 80% se trata de “Desastre Agrario”.

Destacó “la importancia de la tecnificación en el área frutícola para minimizar los daños mediante el uso de riego por aspersión, y la malla antigranizo“.    Además remarcó “el procedimiento administrativo que se debe seguir para la declaración de emergencia a nivel provincial, y para que esta declaración sea homologada por el estado nacional”.

Andrea Rodríguez, de INTA EEA Alto Valle, explicó los alcances del informe presentado por su institución a la autoridad de aplicación, resaltando que en función de las temperaturas negativas registradas durante las noches del 31 y 1 de noviembre pasados, y de la persistencia de las mismas, los cultivos sufrieron daños diferenciales, en función de los estados de crecimiento de los cultivos.

Fernando Frasetto, por parte de la AIC, planteó que “las heladas y granizos están relacionados al calentamiento global” y que “habrá hacia adelante para la región una menor amplitud térmica, disminución de heladas y mayor incidencia de granizo”.

Analizados los datos aportados por el equipo técnico del ministerio de Producción e Industria, pertenecientes a la subsecretaría de Producción y el Centro PyME Adeneu, los presentes acordaron unánimemente recomendar al Poder Ejecutivo la declaración de Emergencia y/o desastre agrario por heladas para la actividad frutihorticola en los departamentos Confluencia, Añelo, Picún Leufú y Chos Malal, desde el 31 de octubre por un plazo de 18 meses, que refiere a los ciclos de los cultivos considerados.

Participaron miembros de Cámaras de Productores de San Patricio del Chañar, de Centenario y Vista Alegre (PACVA) y de Añelo, Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, y representantes de productores hortícolas, además del Centro PyME ADENEU, INTA, AIC, COPADE, Mercado Concentrador del Neuquén, BPN, y el diputado José Ortuño.

Legislación

La Ley 3117 adhiere a la Ley Nacional 26509 para la prevención y mitigación de emergencias y desastres agrarios. Se crea la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agrario cuyas principales funciones son analizar eventos y daños producidos y la pertinencia o no de declaraciones de situaciones de emergencia y/o desastres agrarios; proponer medidas para mitigación de daños y riesgos, como así también para el dictado de normas que viabilicen la recuperación de las zonas afectadas.