Las nuevas medidas quedaron oficializadas a través de la resolución 1231 del Ministerio de Seguridad, que conduce Sabina Frederic, que fue publicada este martes en el Boletín Oficial.
Nacionales25/12/2019
Con duras críticas a Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad derogó hoy los protocolos para el uso de armas de fuego y de las Taser, revocó el Servicio Cívico Voluntario y el programa Ofensores en Trenes, todas medidas que habían sido impulsadas por la ex ministra, a cargo del área durante la gestión de Mauricio Macri.
"La política de seguridad de Patricia Bullrich no fue una política de seguridad que le diera más seguridad y protección a la inmensa mayoría de la población. Tenemos una serie de datos que muestran que no", dijo Frederic hoy en diálogo con radio Metro, y cuestionó la "alta tasa de encarcelamiento" que aumentó durante la gestión de Macri al indicar que "han llenado las cárceles de gente".
Por su parte, la ex ministra de Seguridad Bullrich salió hoy en defensa de las medidas que implementó durante su gestión, calificó de "lamentable" la decisión de su sucesora en el cargo, y dijo: "Vamos a ver si esta medida genera más o menos muertes".
"Lo lamento por la Policía Federal, por la Gendarmería, por las policías provinciales que sentían el protocolo como propio, y lo lamento por la gente", afirmó Bullrich esta mañana en diálogo con radio La Red.
En el artículo 1 de la resolución publicada hoy, se deroga la resolución de Bullrich por medio de la cual se aprobó el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, en tanto que el artículo 3 deroga el reglamento para el empleo de armas electrónicas no letales.
En los considerandos de la resolución, se advierte que "la habilitación del uso de armas letales por fuera de los principios de proporcionalidad, excepcionalidad, racionalidad y progresividad que deben regular su uso, configura una situación de riesgo para las personas víctimas de delitos, para personas ajenas al hecho y para los mismos integrantes de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad".
Explica asimismo que "este uso 'irracional' incrementa la violencia en los hechos delictivos", "convierte en extremo cualquier enfrentamiento" y "estimula, por ende, el uso de armas por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad y por parte de quienes pretendan delinquir".
"Somos el Ministerio de Seguridad, no el de Justicia. La policía no hace justicia por mano propia. No podemos extinguir el proceso judicial", dijo hoy la ministra Frederic y criticó el accionar del policía Luis Chocobar, quien fue distinguido por el ex presidente Mauricio Macri luego de matar de un tiro a uno de los ladrones que atacó a puñaladas a un turista estadounidense en La Boca para robarle su cámara de fotos y otras pertenencias.
"Debería haber dado la voz de alto o pedido refuerzos. pero no liquidar a la persona por la espalda, eso es ajusticiar, y la policía se tiene que ocupar de apresar, no de ejecutar", dijo Frederic.
En cuanto a las pistolas Taser, explicó que "la descarga eléctrica se transmite entre las personas así que la situación que Bullrich imagino para su uso es la menos indicada", y dijo que las 300 pistolas compradas por la gestión anterior "nunca llegaron al país", y precisó que cuando arriben "les daremos un uso, pero no el original, sino que sean usadas en toma de rehenes, algunos allanamientos, circunstancias extremas".
Por otro lado, la norma conocida hoy deroga también la resolución de julio de 2019 que creó el Servicio Cívico Voluntario en Valores, que había sido creado como "un ámbito de cohesión e integración social, dirigido a jóvenes de 16 a 20 años" e implementado por la Gendarmería Nacional, y se instruye para que "los objetivos y componentes del mismo vinculados a la educación, la salud y el bienestar, lo social y lo laboral, puedan ser asumidos y gestionados por las áreas competentes de la Administración Nacional".
Por último, se deja sin efecto también la norma que creó el Programa Ofensores en Trenes, por medio del cual los efectivos de fuerzas de seguridad podían solicitar DNI a los usuarios de ese medio de transporte.
Según se establece, esta medida "criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados", ya que "se trata de una herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación".
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