Solicitan pedido de informe por la administración de consorcios de edificios ante denuncias de irregularidades

La diputada Lorena Parrilli (FdT) presentó un pedido de informe para conocer el estado de aplicación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y de Conjuntos Inmobiliarios –ley 3041-. El pedido deriva de una serie de inquietudes en relación a la administración de los consorcios de las propiedades de tipo horizontal, construcciones de gran auge del último tiempo. 

En particular, la diputada consulta por el total de administradores registrados y la clasificación entre aquellos de propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios; por el procedimiento de inscripción de administradores y documentación para la inscripción; por certificaciones de habilitación de administradores y por controles sobre sus vencimientos.

A la vez Parrilli pregunta por las verificaciones de las convocatorias y asambleas de propietarios en los plazos y condiciones requeridas y por las liquidaciones de expensas, así como también por los controles de la documentación exigida para mantener la inscripción en el Registro; por el portal de consulta sobre los inscriptos en el registro y los tipos de controles, infracciones y sanciones a administradores ante el incumplimiento de la ley.

En los fundamentos, la diputada menciona que la construcción edificios de propiedad de tipo horizontal ha crecido notablemente en el último tiempo y recuerda que la modificación al Código Civil y Comercial de la Nación, con vigencia desde el 2015, tuvo un impacto significativo en diversas materias, entre ellas en el Consorcio de Propiedad Horizontal, en tanto forma de persona jurídica privada.

Al respecto, la provincia de Neuquén sancionó la ley 3041 que creó el registro de tales tipos de propiedades, con el fin de llevar un control sobre los consorcios y su administración. En la actualidad, un grupo de propietarios y propietarias han manifestado  inquietudes en relación a la administración de los consorcios, difusión de sus actividades, liquidaciones, plazos, concreción de reuniones y demás. 

En efecto, Parrilli argumenta que se han detectado casos de mala administración, ausencia de control por parte de los copropietarios, deterioro de los servicios, conflictos con proveedores debido a impagos, aumento injustificado de las expensas y falta de mantenimiento de las propiedades, situaciones de gastos ocultos, acuerdos con ciertas empresas a las que favorecen en la contratación, incluyendo comisiones en el presupuesto, casos con deducción de aportes patronales de los sueldos de los trabajadores, incremento de los honorarios de los administradores de manera abrupta, entre otras situaciones.