Buscan derogar en Neuquén las jubilaciones de privilegios en cargos electivos

El proyecto del Poder Ejecutivo para eliminar las jubilaciones de privilegio para cargos electivos obtuvo un despacho por mayoría y otro por minoría en el plenario de las comisiones de Trabajo, Asuntos Constitucionales y Hacienda y Presupuesto de este martes. El de la mayoría fue votado por los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN, Cumplir, FdT, JC-NQN-UCR, Neuquén Federal y Juntos y el de minoría por el PTS-FIT-U. También se pusieron a consideración una propuesta del FIT-U y otra por Arriba Neuquén, que no alcanzaron los votos necesarios para obtener despacho.

El texto del despacho por mayoría plantea dejar sin efecto los beneficios de la ley 1282 para todos los cargos electivos proclamados a partir de la entrada en vigencia de la normativa. La redacción consensuada busca evitar futuras acciones judiciales por eventuales afectaciones a derechos adquiridos. En tanto, el despacho del PTS- FIT-U contempla la misma redacción y también deroga las leyes 859 –régimen especial de jubilaciones para magistrados y funcionarios del Poder Judicial- y 2501 –que reconoce la antigüedad desde la fecha de matriculación para magistrados  funcionarios y agentes judiciales-.

La discusión se centró en la necesidad de enviar un mensaje claro a la sociedad respecto a la eliminación de privilegios a los que pueden acceder las personas elegidas mediante el voto popular para ejercer un cargo público. El debate derivó en el “compromiso, desde el oficialismo, a discutir integralmente la situación no solo del ISSN sino de otras cajas de la provincia que están en iguales condiciones”, adelantó Francisco Lépore (Avanzar), tras indicar que la medida implicará un ahorro de 700 millones de pesos.

En su intervención, el presidente del bloque DC-Comunidad, Ernesto Novoa, explicó que la norma que se pretende derogar “termina con prebendas” y que el proyecto del gobernador Rolando Figueroa es un “gesto político” por tratarse del primer mandatario en incorporarlo a la agenda pública.

Por el MPN, Claudio Domínguez consideró que para generar un ahorro en la caja jubilatoria se deberían congelar o reducir los sueldos del gobernador, la vicegobernadora y los diputados y diputadas. Además sostuvo que el proyecto es el puntapié inicial para la modificación de la ley 611 –de creación del ISSN- para futuros ingresantes a la administración pública.

Desde el PRO-NCN, Marcelo Bermúdez se pronunció a favor de repensar la edad a la que debe llegar un empleado público para acceder al beneficio jubilatorio y equipararlo con el que debe alcanzar una persona que se desempeña en el sector privado. En ese sentido, aseguró que la caja jubilatoria “no es pública porque no es de todos” y ponderó el aporte del sector privado a través del pago de impuestos. Explicó que el ahorro que generará la ley equivale al 0,8% de un déficit cercano a los 74 mil millones de pesos.

A su turno, el diputado Alberto Bruno (Cumplir) coincidió en la necesidad de revisar los regímenes de privilegio pero pidió “responsabilidad en la sanción de una ley” por lo que sugirió limitarse a la aprobación de la propuesta en cuestión.

Por su parte, el FdT-Nqn criticó el escaso impacto fiscal de la normativa. Al respecto, el legislador Darío Martínez propuso que se avance sobre un esquema en el cual diputados y diputadas eleven el porcentaje de aportes que realizan mensualmente a la caja jubilatoria. Evaluó que de otro modo el “gesto es muy chiquito” y también objetó desconocer los números reales a los cuales ascendería el ahorro en caso de sancionarse la ley. Su par de bloque, Lorena Parrilli pidió que la derogación también alcance a funcionarios y magistrados del Poder Judicial.   

En el mismo sentido, César Gass (JxC-Nqn) solicitó “reformas más profundas y estructurales” para afrontar el déficit de la caja previsional y, si bien votó a favor, dijo que el proyecto es más “simbólico que económico”.

Las bancas del PTS-FIT-U y FIT-U pidieron eliminar los privilegios en el régimen jubilatorio de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. El PTS-FIT impulsó la derogación total de la ley 859 en un despacho en minoría, mientras que el FIT-U sólo algunos artículos, en una propuesta que no logró convertirse en dictamen.

Por su parte, la diputada Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) puso a consideración una cuarta propuesta que tampoco logró votos para transformarse en despacho. Dijo que los derechos adquiridos no alcanzan a quienes accedieron a un cargo electivo con la última elección y explicó que no comparte el despacho de la mayoría porque “a posteriori no tendríamos autoridad moral para avanzar en otras reformas si nosotros nos estamos cubriendo con una cláusula para perpetuar privilegios”.